La Asociación de Profesionales de la Atención Primaria de Salud (APRODAP) manifiesta su profunda preocupación y rechazo frente a la sanción aplicada a una de nuestras socias, quien en el ejercicio de funciones de dirección y jefatura actuó frente a una situación que podía poner en riesgo la seguridad de las personas y el normal funcionamiento de un establecimiento de salud.
La funcionaria que hoy resulta sancionada fue quien advirtió una situación irregular, la informó a la autoridad correspondiente y adoptó medidas inmediatas para evitar que dicha situación afectara el funcionamiento y la seguridad del establecimiento.
Más allá de la situación particular, nos preocupa profundamente el precedente que esta decisión deja para todas y todos quienes ejercen funciones de jefatura en la Atención Primaria.
¿Qué señal se está entregando a quienes tienen la responsabilidad de dirigir equipos, prevenir riesgos y hacer cumplir la normativa?
No podemos permitir que una jefatura que actúa de manera diligente, responsable y conforme a sus deberes termine enfrentando consecuencias más gravosas que aquellas derivadas de la conducta que originó la intervención.
La normativa administrativa establece precisamente el deber de denunciar oportunamente ante la autoridad competente los hechos que puedan constituir faltas administrativas o infracciones disciplinarias, especialmente aquellas relacionadas con la probidad.
Por ello, sancionar a quien advierte, denuncia y actúa frente a una irregularidad genera un efecto profundamente preocupante: desincentiva el cumplimiento del deber, debilita a las jefaturas y puede instalar el temor de intervenir cuando corresponde hacerlo.
Como organización gremial, no cuestionamos la existencia de los procesos administrativos ni el derecho de la autoridad a investigar. Lo que exigimos es OBJETIVIDAD, PROPORCIONALIDAD, DEBIDO PROCESO Y COHERENCIA EN LA VALORACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES.
Como APRODAP, también manifestamos nuestra preocupación por la forma en que se han desarrollado y resuelto estos procesos sumariales. Un proceso disciplinario no puede ser solamente formal; debe ser rigurosamente objetivo, imparcial, técnicamente sólido y respetuoso de las personas involucradas.
Nos preocupa particularmente la valoración que se ha realizado de los antecedentes y la aparente falta de rigurosidad con que se han establecido determinadas responsabilidades. Un proceso sumarial exige conocimiento de la normativa aplicable, comprensión de las funciones y responsabilidades de quienes ejercen cargos directivos y una adecuada ponderación de las circunstancias concretas en que ocurrieron los hechos.
La potestad disciplinaria de la administración no puede ejercerse desconociendo la dignidad de las personas ni transformando un procedimiento administrativo en una experiencia de menoscabo para quienes han ejercido responsabilidades de jefatura.
Cuestionamos, por tanto, el trato poco respetuoso con que se ha abordado una situación que debió ser analizada con especial cuidado, considerando que estamos frente a profesionales que ejercen funciones de dirección, gestión y responsabilidad sobre equipos y establecimientos de salud.
No queremos jefaturas paralizadas por el miedo. Queremos jefaturas con autoridad, respaldo y garantías para ejercer correctamente sus responsabilidades. La Atención Primaria necesita jefaturas que puedan ejercer su autoridad con respaldo, no jefaturas que deban preguntarse si actuar correctamente terminará significándoles un mayor costo personal y laboral.
Como APRODAP, reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, la transparencia, la seguridad de nuestros usuarios y la defensa de quienes cumplen responsablemente funciones de dirección y gestión en la Atención Primaria.
APRODAP no va a permanecer en silencio frente a este precedente.
Porque mañana no será solamente una directora. MAÑANA PUEDE SER CUALQUIER JEFATURA QUE DECIDA HACER LO CORRECTO. Y queremos que quede absolutamente claro:
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA NO PUEDE SER MÁS COSTOSO DENUNCIAR UNA IRREGULARIDAD QUE COMETERLA.
La señal que debe entregar la autoridad es clara: quien actúa correctamente y protege el interés público debe ser respaldado, no castigado.
DIRECTIVA APRODAP
La funcionaria que hoy resulta sancionada fue quien advirtió una situación irregular, la informó a la autoridad correspondiente y adoptó medidas inmediatas para evitar que dicha situación afectara el funcionamiento y la seguridad del establecimiento.
Más allá de la situación particular, nos preocupa profundamente el precedente que esta decisión deja para todas y todos quienes ejercen funciones de jefatura en la Atención Primaria.
¿Qué señal se está entregando a quienes tienen la responsabilidad de dirigir equipos, prevenir riesgos y hacer cumplir la normativa?
No podemos permitir que una jefatura que actúa de manera diligente, responsable y conforme a sus deberes termine enfrentando consecuencias más gravosas que aquellas derivadas de la conducta que originó la intervención.
La normativa administrativa establece precisamente el deber de denunciar oportunamente ante la autoridad competente los hechos que puedan constituir faltas administrativas o infracciones disciplinarias, especialmente aquellas relacionadas con la probidad.
Por ello, sancionar a quien advierte, denuncia y actúa frente a una irregularidad genera un efecto profundamente preocupante: desincentiva el cumplimiento del deber, debilita a las jefaturas y puede instalar el temor de intervenir cuando corresponde hacerlo.
Como organización gremial, no cuestionamos la existencia de los procesos administrativos ni el derecho de la autoridad a investigar. Lo que exigimos es OBJETIVIDAD, PROPORCIONALIDAD, DEBIDO PROCESO Y COHERENCIA EN LA VALORACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES.
Como APRODAP, también manifestamos nuestra preocupación por la forma en que se han desarrollado y resuelto estos procesos sumariales. Un proceso disciplinario no puede ser solamente formal; debe ser rigurosamente objetivo, imparcial, técnicamente sólido y respetuoso de las personas involucradas.
Nos preocupa particularmente la valoración que se ha realizado de los antecedentes y la aparente falta de rigurosidad con que se han establecido determinadas responsabilidades. Un proceso sumarial exige conocimiento de la normativa aplicable, comprensión de las funciones y responsabilidades de quienes ejercen cargos directivos y una adecuada ponderación de las circunstancias concretas en que ocurrieron los hechos.
La potestad disciplinaria de la administración no puede ejercerse desconociendo la dignidad de las personas ni transformando un procedimiento administrativo en una experiencia de menoscabo para quienes han ejercido responsabilidades de jefatura.
Cuestionamos, por tanto, el trato poco respetuoso con que se ha abordado una situación que debió ser analizada con especial cuidado, considerando que estamos frente a profesionales que ejercen funciones de dirección, gestión y responsabilidad sobre equipos y establecimientos de salud.
No queremos jefaturas paralizadas por el miedo. Queremos jefaturas con autoridad, respaldo y garantías para ejercer correctamente sus responsabilidades. La Atención Primaria necesita jefaturas que puedan ejercer su autoridad con respaldo, no jefaturas que deban preguntarse si actuar correctamente terminará significándoles un mayor costo personal y laboral.
Como APRODAP, reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, la transparencia, la seguridad de nuestros usuarios y la defensa de quienes cumplen responsablemente funciones de dirección y gestión en la Atención Primaria.
APRODAP no va a permanecer en silencio frente a este precedente.
Porque mañana no será solamente una directora. MAÑANA PUEDE SER CUALQUIER JEFATURA QUE DECIDA HACER LO CORRECTO. Y queremos que quede absolutamente claro:
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA NO PUEDE SER MÁS COSTOSO DENUNCIAR UNA IRREGULARIDAD QUE COMETERLA.
La señal que debe entregar la autoridad es clara: quien actúa correctamente y protege el interés público debe ser respaldado, no castigado.
DIRECTIVA APRODAP
